Una exitosa experiencia en Descentralización

La descentralización es una forma de organización democrática, constituye una política permanente de Estado y tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

El Perú inicia el camino de la descentralización (2002) enfrentando retos cambiantes debido a que es una reforma compleja emprendida por un Estado con tradición centralista. Se construye camino al andar, basado en el artículo 188° de la Constitución Política del Perú.

A pesar de los retos que plantea el proceso de descentralización, una de las claves es trabajar el fortalecimiento del rol rector del Estado. Cambio que se fue construyendo poco a poco dado que se venía operando bajo una forma totalmente centralizada en la toma de decisiones y, al inicio del proceso, debió trabajarse en una base general de entendimiento de lo que implicaba el proceso de descentralización. El rol rector fue definido como aquel que “se cumple a través de la formulación, dirección y supervisión del cumplimiento de la Política Sectorial en función a la Política General del Gobierno; así como, mediante la formulación de Planes Estratégicos y Referenciales Sectoriales, que deberán estar dentro del marco de los objetivos y las políticas de Gobierno”.

Otro de los aportes para la gestión descentralizada fue la conformación de Comisiones Sectoriales de los ministerios con representantes de diversas direcciones generales, del Ministerio de Economía y Finanzas. También, con representantes de los Gobiernos Regionales.

Así, se buscó producir los siguientes entregables: i) situación del ejercicio compartido de las funciones transferidas; ii) esquema de la gestión descentralizada de las funciones transferidas; iii) identificación de los servicios públicos para el desarrollo de la gestión descentralizada y costos asociados a los mismos. Todo ello sobre la base del seguimiento a los convenios de cooperación y gestión, con la mirada puesta a identificar y ejecutar los ajustes necesarios para fortalecer la gestión descentralizada. En la práctica, se obtuvieron beneficios en la medida que estas reuniones ha permitido discutir problemas comunes en las regiones y recoger experiencias exitosas que otros actores pueden replicar en sus territorios.

Teniendo en cuenta el contexto antes descrito, el proceso de descentralización realizado, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas ha sido destacado como uno de los procesos con mayores logros en comparación con el realizado por otros Ministerios.

Los logros atribuibles al proceso de descentralización se deben al impacto y relevancia de las acciones ejecutadas, a través de los años, por el Ministerio de Energía y Minas. Aquí destacamos los siguientes:

• Reconocimiento y fortalecimiento de su rol rector del sector Energía y Minas.

• Suscripción de convenios de cooperación y gestión con los 25 gobiernos regionales.

• Se elaboró planes anuales de transferencia – PAT.

• Se elaboró los programas de desarrollo de capacidades y asistencia técnica para el apoyo de la integración y fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y las direcciones regionales de Energía y Minas, mediante el establecimiento de canales de coordinación.  

• Fomento de establecimiento de canales de coordinación, información y comunicación entre los diferentes niveles de gobierno.

• Pioneros en trabajar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) con los Gobiernos Regionales, para la incorporación de procedimientos administrativos vinculados a facultades transferidas.

Además de las lecciones aprendidas, quedan aún pendientes importantes retos, siendo alguno de ellos: el potenciar la cooperación horizontal entre regiones que comparten la misma problemática, mejorar la prestación de servicio a los beneficiarios directos y dar seguimiento al nivel de implementación de las funciones en las regiones.

Por otro lado, una de las grandes demandas sigue siendo la elaboración de una política pública nacional, la cual debería estar contenida de manera expresa en una norma. Dicha política, debería diferenciar a la pequeña minería, de la min- ería artesanal, al tener cada uno de estos estratos sus propias particularidades y necesidades.

Otra de las tareas pendientes es determinar roles en el nivel regional respecto de la mediana y gran minería, cuyas competencias no han sido transferidas, y cuyos efectos tienen un impacto en el territorio. Es claro que los problemas que se generan con dicha actividad en el territorio impactan directa- mente en quien está gestionando dicha jurisdicción y su participación es clave para minimizar los problemas sociales que éstos generan.