La gobernanza difiere de la idea clásica de un Estado jerárquico que puede gobernar una sociedad moderna con el concepto de comando y control. La gobernanza en ciernes comprende la eficacia, calidad y buena orientación a cargo de un Estado. Por eso, en el marco del programa País, se desarrolló la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) en coincidencia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que fomenta la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); en cristiano, implica hacer más productivas a las entidades públicas y brindar un servicio de calidad a la sociedad.
Un criterio importante en la calidad de la gestión pública es la gobernanza, entendida como un arreglo para gestionar el país en el triángulo integrado por el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Si seguimos el supuesto que una nación avanzada y compleja no se puede gobernar desde arriba hacia abajo, entonces las instituciones responsables y democráticamente legitimadas del Estado tienen que buscar otra forma de gobernar. En ese contexto se habla mucho del New Public Management y del Estado Cooperante, esto significa que la entidad responsable en el Estado intenta encontrar su rol como ente rector y, por otro lado, como facilitador, para liderar y juntar los diferentes actores del triángulo.
Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene como objetivo mejorar la gobernanza, identificando las buenas prácticas y poniéndolas a disposición para mejorar con esto la gestión pública de los países en sus propios contextos. Una parte de una gobernanza pública en favor de la sociedad es manejar el tema socio ambiental, por los impactos que tiene la forma en que los países organizan su economía y sociedad. Por eso, la OCDE pone mucho énfasis en cómo se puede mantener la calidad del medio ambiente; para analizar este campo y proponer recomendaciones basadas en las buenas prácticas, la OCDE realiza la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA).
Durante la primera semana de septiembre de 2015, una misión de la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizó la EDA, con este propósito se llevaron a cabo sesiones de trabajo con más de 600 representantes de entidades públicas: tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial, así como también gobiernos regionales y locales; empresas privadas, en especial importantes gremios empresariales como SNI, SNP, SNMPE; y de la sociedad civil, incluidos líderes de CCNN, campesinas y de ONG.
El informe EDA fue presentado en las Oficinas de la OCDE, en París, a una delegación peruana integrada por funcionarios de los ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y Agricultura con sus pares de 34 países miembros de la OCDE revisaron las 66 recomendaciones estructuradas en tres grandes temas: progreso hacia el desarrollo sostenible, calidad ambiental y aprovechamiento de la base de recursos naturales. Al revisar las recomendaciones estas proponen, entre otras, la necesidad de integrar las consideraciones ambientales en el sistema fiscal fomentando la aplicación de impuestos ambientales (Rec. 9), invertir en el diseño y construcción de sistemas de transporte público distintos al automóvil (Rec. 27), profundizar el sistema de cuotas de captura de pesca (Rec. 59). Como se puede observar en el informe, los efectos medioambientales afectan a todo el país y a sus diferentes actores, por eso la OCDE dirige sus recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental a todo el país y no solamente al Estado o un ministerio en particular.
A este respecto, el tema ambiental es un campo sumamente interesante ya que es transversal e implica a entidades del Estado que son autónomas, pero necesariamente tienen que ser orientadas y lideradas hacia una meta común que son los objetivos ambientales.
La adhesión a la OCDE es un motor importante para mejorar la performance del Estado, sabemos que más del 30% de los criterios para la adhesión a este organismo están en el campo medioambiental, las exigencias de cumplimiento medioambientales de la OCDE no se dirigen al Ministerio del Ambiente (Minam), sino que se dirigen al país. El desafío para el Estado es organizar y gobernar la implementación de las medidas para cumplir con las recomendaciones medioambientales de la OCDE. Así, el Minam como ente rector del medio ambiente tiene que liderar la implementación de las medidas para cumplir con las recomendaciones, sin tener una fuerza jerárquica sobre los diferentes actores que se necesitan para realizar las recomendaciones. Estos son los sectores y sus adscritos y los gobiernos subnacionales, con la cooperación de la sociedad civil y la empresa privada.
El Minam respondió a este desafío con el establecimiento de un Grupo de Trabajo dentro de la Comisión Multisectorial Ambiental que abarca los sectores públicos y sus organismos adscritos, así como a representantes de los niveles sub nacionales; el Minam tiene el rol de Secretaría Técnica del grupo, propuso a estas entidades una metodología para organizar y gestionar la implementación de las recomendaciones sin introducirse en la autonomía de las mismos, dejando la responsabilidad en las instituciones pertinentes; en un lapso de tres meses han dado una respuesta a las recomendaciones de la EDA en el que se establecen medidas a implementar en el corto, mediano y largo plazo; el Minam se encargó de alinear y sincronizar los contenidos, contar con mayor rigurosidad y evitar duplicidades.
El interés por formar parte de la OCDE es uno de los proyectos más serios emprendidos por el Estado peruano para mejorar su desempeño. Se espera que el año 2021 se materialice esta ambición, por esto no debe perderse de vista que los avances que se obtengan en la implementación de las recomendaciones de la EDA tendrán una influencia positiva en el logro de este gran proyecto.
La Frase:
El desafío para el Estado es organizar y gobernar la implementación de las medidas para cumplir con las recomendaciones medioambientales de la OCDE.
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