CIP exige aplicar la Ley del SINAGERD y advierte graves deficiencias en la gestión del riesgo

Las emergencias registradas en Tumbes, Piura, Ica, Arequipa y Tacna vuelven a poner en debate la eficacia del sistema público de prevención frente a desastres. Especialistas del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), sostienen que los daños provocados por lluvias intensas, activación de quebradas e inundaciones no pueden atribuirse únicamente a fenómenos naturales, sino a fallas estructurales en la planificación y en la gestión del riesgo.

Así, el decano nacional, Ing. Jaime Ruiz Bejar, señaló que estos eventos no deben seguir calificándose como “desastres por fenómenos naturales”, sino como consecuencias de decisiones que omitieron criterios técnicos y una adecuada planificación. “Lo que enfrentamos no es solo un fenómeno natural, sino el resultado de no incorporar la gestión del riesgo como eje central del desarrollo”, enfatizó.

El CIP advierte que el país cuenta desde 2011 con la Ley N.° 29664, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), pero su aplicación efectiva en los tres niveles de gobierno continúa siendo una tarea pendiente. La falta de incorporación del enfoque preventivo en la inversión pública estaría incrementando la vulnerabilidad de ciudades y centros poblados.

La evaluación técnica en campo, particularmente en Arequipa, evidencia que quebradas inactivas durante décadas —como Chullo— mantienen su condición de cauces naturales destinados a evacuar caudales extraordinarios. Experiencias como las registradas en Trujillo en 2017, Mirave en 2019 y ahora en el sur del país refuerzan la advertencia sobre el alto riesgo de ocupar torrenteras o zonas de descarga hídrica.

Recomiendan, también, que se debe aplicar con rigor la gestión integral del riesgo en sus componentes prospectivo, correctivo y reactivo: evitar nuevas ocupaciones en zonas de peligro, reforzar infraestructura crítica existente y reconstruir bajo estándares de resiliencia.

Entonces, el CIP advierte que el Fenómeno El Niño previsto para 2026 obliga a adoptar decisiones técnicas de largo plazo, priorizando la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. “No basta con responder a la emergencia; debemos anticiparnos al riesgo con planificación y obras sostenibles”, reiteró Ruiz Bejar.