Cafetaleros: INIA debe contar con S/ 500 millones para fortalecer semillas y tecnología

La caficultura peruana enfrenta un doble cuello de botella que limita su competitividad en el mercado internacional: la baja productividad en finca y la débil articulación institucional. Así lo afirmó Lorenzo Castillo, gerente general de la Junta Nacional del Café, durante su participación en el programa conversatorio de Calidad&Negocios.

Actualmente, el rendimiento promedio de café en el Perú es de apenas 660 kilos por hectárea, lo que coloca al país por debajo del estándar de naciones competidoras en América Latina. Para revertir esta situación, Castillo plantea que el Estado asuma un rol más activo en el financiamiento y ejecución de programas de renovación del parque cafetalero, ya que el 70% de las plantaciones actuales no son económicamente sostenibles ni ambientalmente viables.

A esta limitación estructural se suma el impacto de nuevas normativas internacionales como el reglamento EUDR de la Unión Europea, que exige demostrar que el café exportado está libre de deforestación. Para cumplir estos estándares, Castillo propone acelerar la titulación de tierras, reformar la Ley Forestal y agilizar los mecanismos de control ambiental, con el fin de proteger las exportaciones sin excluir a los pequeños productores del circuito global.

Desde la Junta Nacional del Café, Castillo impulsa una visión de economía asociativa multisectorial, que incluye alianzas entre cooperativas de café, cacao, banano y granos andinos. Esto no solo permite economía de escala, sino también la construcción de agendas comunes frente al Estado. “No se trata solo de producir más, sino de generar gobernanza, confianza y articulación entre los actores del sector”, subrayó.

El diagnóstico institucional no es optimista. Para Castillo, el Midagri opera como una isla, sin articular con otros sectores del Estado ni con la academia, gremios o gobiernos regionales. Por ello, propone reformar el modelo de gestión pública en el agro, con un enfoque participativo y multisectorial. Entre sus propuestas destaca el fortalecimiento del INIA, al que plantea asignar un presupuesto de 500 millones de soles para producir semillas certificadas de impacto directo en la productividad rural.

Además, remarcó la urgencia de articular programas de fertilización, acompañados de asistencia técnica desde instituciones como SENASA, en coordinación con los gremios y universidades. “La agricultura necesita una agenda común y una institucionalidad coherente. No podemos seguir operando como si cada entidad fuera un compartimento estanco”, advirtió.

Las declaraciones de Lorenzo Castillo fueron brindadas en el programa conversatorio de Calidad&Negocios, conducido por Inés Carazo e Iván Mifflin, en una edición dedicada a analizar las brechas estructurales del sector agrícola y construir propuestas desde la experiencia técnica, gremial y académica.