SNI pide incluir las bebidas alcohólicas ilegales en la ley contra el crimen organizado

Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicitaron a las autoridades incorporar la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales como delitos contra la salud pública dentro de la Ley contra el Crimen Organizado. Sostienen que la legislación actual no ofrece herramientas suficientes para investigar y sancionar estas actividades de manera eficaz.

El pedido se realizó durante el II Simposio “Transformación Económica e Innovación hacia la Sostenibilidad en Lima Metropolitana”, donde representantes del sector advirtieron que la falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas forman parte de redes que operan con logística, distribución y financiamiento organizados.

Silvia Hooker, gerenta de Asuntos Internacionales de la SNI, señaló que el 52% de los empresarios industriales se ve afectado por el comercio ilícito. Además, indicó que la falsificación y adulteración ocupan el cuarto lugar entre las principales modalidades de este problema, encabezado por el contrabando.

“La falsificación y la adulteración causan daño a la salud de las personas, a la economía, al empleo y a la industria nacional”, advirtió Hooker. Por ello, consideró que la fiscalización debe complementarse con una legislación que permita enfrentar estas actividades bajo el enfoque del crimen organizado.

Actualmente, la Ley 29632, destinada a combatir la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano, incorpora el artículo 288-C al Código Penal para tipificar estas conductas. Sin embargo, los comités de la SNI señalan que estos delitos no están incluidos expresamente en la Ley 30077, que regula la lucha contra el crimen organizado.

Según el gremio industrial, modificar esta normativa permitiría fortalecer las investigaciones, aplicar sanciones más eficaces y desarticular las redes que obtienen ganancias mediante la venta de productos que ponen en riesgo la salud pública.

Riesgos para la salud y la economía

Adrián Reyes, integrante del equipo Legal & Compliance de Cartavio Rum Company S.A.C., recordó que la comercialización de bebidas alcohólicas ilegales ha ocasionado intoxicaciones masivas y muertes en distintas zonas del país. También explicó que los análisis de productos adulterados incautados en el Perú detectaron contaminación bacteriana por encima del 200% y niveles de turbidez superiores al 500%.

Por su parte, José Luis Medina, abogado especialista en litigios penales vinculados a la actividad empresarial y cumplimiento corporativo del Estudio Rodrigo, sostuvo que la adulteración de bebidas alcohólicas funciona mediante estructuras criminales organizadas que generan importantes ganancias a costa de la salud y la vida de las personas.

A su juicio, incluir estas conductas en la legislación contra el crimen organizado daría al Estado mayores herramientas para investigar, sancionar y desarticular las redes, reduciendo las condiciones que favorecen su expansión.

En la misma línea, Hans Ramírez, analista de los Comités de Destilados de la SNI, afirmó que una de cada cuatro bebidas alcohólicas comercializadas en el país tendría procedencia ilegal, debido a la falsificación, adulteración o contrabando.

Un problema que requiere coordinación

El simposio fue organizado por la Subgerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, en alianza con el Comité de Destilados de la SNI. Participaron representantes del sector público y privado, entre ellos Marlene Cárdenas, subgerenta regional de Desarrollo Económico; Luis Flores, especialista en innovación de ProInnóvate; y Andrés Schwarz, gerente de Protección de Marca y Seguridad Corporativa para el sur de Latinoamérica de Diageo.

La jornada también incluyó un panel de análisis con Hugo Vila, secretario técnico de la Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería de Produce; Neils Guzmán, representante del Gobierno Regional Metropolitano de Lima; y José Luis Medina, del Estudio Rodrigo.

Los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas legales y la coordinación entre las instituciones para enfrentar el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, una actividad que afecta tanto a los consumidores como a las empresas formales y al desarrollo económico del país.