Calidad & Negocios
A más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Iguaín, provincia de Huanta, cerca de 300 familias recibieron directamente sus títulos de propiedad como parte de una intervención de COFOPRI que llevó 1,144 títulos a las 11 provincias de Ayacucho.
“COFOPRI tiene la misión de acercarse a las familias que llevan muchos años esperando una formalización de su propiedad más eficaz y oportuna. Son muchas las que necesitan atención y, para llegar a ellas, necesitamos mejorar algunas normas, simplificar los procesos y reducir plazos y etapas”, señaló Cecilia Castro Torres, directora ejecutiva de COFOPRI.
En esa línea, explicó que su gestión fortalecerá e incrementará las brigadas de sus oficinas zonales para brindar una atención más cercana y efectiva en las distintas regiones del país. Esta estrategia busca que la formalización de la propiedad también facilite el acceso a otros beneficios y servicios del Ministerio de Vivienda, como el agua potable, una de las principales necesidades de diversos sectores del país.
La titular de Cofopri informó que titulos inscritos a favor de las familias de Ayacucho beneficiarán a más de 4,500 personas y comprende 982 títulos para viviendas y 162 predios destinados a equipamiento urbano y servicios públicos.
Del paquete de equipamiento urbano, 21 títulos corresponden al sector Educación. Diez están vinculados a instituciones educativas ya construidas que recibirán respaldo legal definitivo y otros 11 corresponden a terrenos destinados a la ampliación o desarrollo de nueva infraestructura escolar.
En Salud, COFOPRI formalizó seis predios ubicados en cinco distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. Cuatro corresponden a establecimientos que ya están construidos y dos son terrenos destinados a futuros proyectos de ampliación o nueva infraestructura.
La intervención también alcanza a la seguridad ciudadana. Un terreno ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, está destinado a favor del sector Interior, generando las condiciones legales para el desarrollo de futura infraestructura policial o de control en la zona.
Así, la formalización trasciende la entrega de documentos: sanea legalmente terrenos donde funcionan o podrán funcionar servicios esenciales para la población y facilita que las entidades públicas puedan impulsar proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura.
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